Los jueces y secretarios del Estado paralizaron ayer sus actividades y se congregaron frente a los juzgados españoles para acusar al Gobierno de intromisión en las competencias que sólo le corresponden al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Le acusan de haber considerado, públicamente, que el juez Rafael Tirado merecía una sanción mayor a la multa de 1500 euros por no haber ejecutado una sentencia firme de pederastia contra Santiago del Valle, presunto autor de la muerte de la niña Mari Luz Cortés.

 Los secretarios, en cambio, se mostraron solidarios con Juana Gálvez, la secretaria judicial sevillana, a quien el Ministerio de Justicia ha suspendido durante dos años de empleo y sueldo por no advertir al juez Tirado de que la sentencia dictada contra Santiago del Valle no era firme.

 El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no ha visto con buenos ojos la parada de secretarios y jueces y advirtió que “si alguien pretende ser intocable, no lo conseguirá. En el Estado de derecho, si hay una negligencia tan grave (como la de no ejecutar una sentencia firme en un caso claro de pederastia) funcionan los mecanismos y se sanciona». Por su parte, la portavoz del CGPJ, Gabriel Bravo, subrayó que esta institución es “independiente” y por lo tanto, no debe dejarse influir por nadie en ninguno de las casos a sentencia.

Un conflicto que se remonta a 1975 cuando este territorio era colonia española. En este año, España se comprometió, a petición de la ONU, a iniciar los trámites de descolonización. Sin embargo, Marruecos, que nunca consideró la descolonización por autodeterminación porque consideraba que este territorio formaba parte del antiguo imperio del Gran Magreb, decide invadir el Sahara Occidental mediante la “Marcha Verde”. En este momento, España estaba inestable y débil debido a la situación política en que se encontraba… Franco se debatía entre la vida y la muerte y sus más allegados se disputaban el poder. Por ello, el Gobierno español se vio obligado a negociar con Marruecos.

España abandona el Sahara en 1976 tras firmar con Marruecos y Mauritania el “Acuerdo de Madrid”: España cedía la administración del territorio saharaui a estos países pero no la soberanía. Es en este año cuando el “Frente Polisario”, el movimiento político y militar del Sahara Occidental que trabaja para su independencia, proclama la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). Tras esta proclama, comienza una guerra entre Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario. Pero en 1979, Mauritania entra en una situación de quiebra y firma la paz con el Frente renunciando a sus pretensiones sobre el territorio.

La invasión marroquí obligó a decenas de miles de saharauis a huir desierto adentro hasta territorio argelino, donde levantaron, cerca de la ciudad de Tinduf, campos de refugiados. Hay exiliados alrededor de 160.000 saharauis, que sobreviven desde hace 30 años en precarias condiciones esperando regresar a tu tierra.

En 1991 las partes firmaron un alto el fuego auspiciado por la ONU. Naciones Unidas asumió la responsabilidad de buscar paz al conflicto y estableció su misión para crear un Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO). Así se pone fina a los años de enfrentamiento y de guerra entre Marruecos y el Frente Polisario y comienza una nueva etapa marcada por otro enfrentamiento de tipo político y diplomático. Dicho Referéndum nunca se ha llegado a celebrar.

El juez que instruye la investigación del accidente de Barajas, ocurrido el pasado mes de agosto, ha comunicado que citará como imputados a los dos mecánicos, que se encargaron de la revisión del avión antes del despegue, y al jefe de mantenimiento de Spanair por “homicidio y lesiones imprudentes”, según adelantó anoche la Cadena Ser. El magistrado Javier Pérez también ha pedido la creación de una comisión, paralela a la del ministerio de Fomento, formada por dos pilotos, dos ingenieros y dos mecánicos. Recordemos que la actual comisión de investigación de Fomento la componen dos funcionarios propuestos por el ministerio más siete personas que representan a pilotos, controladores, ingenieros y otros organismos. A lo largo de este mes de octubre, el juez escuchará los testimonios de los testigos relacionados indirectamente con la tragedia. Entre ellos, una azafata de Iberia que observó el accidente del vuelo JK – 5022 desde otro avión, un técnico de mantenimiento y varios trabajadores de otras compañías. Entre los testigos directos, que relatarán su versión de los hechos, están las personas que se encargaron de repostar la nave de Sapanir el pasado 20 de agosto. Nave que, minutos más tarde, se cobró la vida de 154 personas.