EN Israel, la candidata del partido Kadima, Tzipi Livni, lo tiene claro. Después de conseguir 29 escaños en las elecciones del pasado martes, frente a los 28 conseguidos por su opositor del partido Likud, Benjamín Netanyahu, le ha ofrecido un pacto para sumarse a formar un Gobierno de unidad. No obstante, su rival se resiste a aceptar la propuesta. A Netanyahu le salen las cuentas para formar grupo con la ultraderecha israelí. Su principal objetivo es hacerse con el poder y convertirse de nuevo en primer ministro.
Aún quedan por contabilizar 150.000 votos militares, que decidirán la elección de dos escaños más. Tras este recuento, no se descarta que la sucesora de Ehud Olmert empate en 28 diputados con su contrincante del Likud. Por su parte, el resto de organizaciones no esperan grandes modificaciones. El tercer partido que obtuvo más representación en las elecciones fue el Israel Beiteinu, con 15 escaños. Y a este le sigue el partido Laborista, con 13 escaños. Con este panorama político, las negociaciones de alianza parecen obvias ya que ningún partido ha conseguido hacerse con el suficiente apoyo de la población como para obtener la mayoría del parlamento israelí, el Knesset, con 120 escaños en total.
La dificultad de gobernar en Israel
Israel continúa sin Constitución 61 años después de su fundación. Su régimen normativo se rige por las denominadas Leyes Básicas. Y es que su sistema electoral hace ingobernable un país donde existen 12 partidos presentes en un Parlamento de 120 escaños en total, el Knesset. Los miembros del Parlamento en Israel son elegidos cada cuatro años por un sistema de representación proporcional con listas cerradas. La principal característica es que su legislación electoral está basada en la proporcionalidad, es decir, promueve la representación de todos los sectores de la sociedad, ya sean trabajadores, religiosos, étnicos…
Los representantes de todos los partidos políticos son conscientes de que este sistema hace que Israel sea un país ingobernable. Y los problemas aumentan por la presión de los grupos religiosos. Por ello, ya se está empezando a estudiar un sistema con rasgos más presidencialistas. No obstante, este cambio no parece que sea ejecutado ni a corto ni a largo plazo. Mientras tanto, 7,3 millones de ciudadanos siguen viéndose afectados por este sistema.